Regulación de inversiones sostenibles y taxonomía: lo que Chile puede aprender de Europa
En junio, el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea publicaron el Reglamento (UE) 2020/852 para ayudar a destinar el capital privado hacia los caminos verdes. Hay seis objetivos concretos que ayudarán a que Europa se convierta en el primer continente climáticamente neutro para 2050.
Contribuir a la transición hacia la descarbonización está en manos de compañías de prácticamente todos los sectores y el de finanzas tiene parte importante en este proceso al poder apostar por el financiamiento verde y el apoyo de infraestructuras sostenibles a empresas que estén realmente comprometidas con esa meta global.
Europa se propuso que ese camino fuera guiado y, en esa línea, el 18 de junio el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea aprobaron y publicaron el Reglamento (UE) 2020/852, mejor conocido como “Reglamento de Taxonomía”, cuyo fin es ayudar a destinar el capital privado a actividades que favorezcan al ambiente a largo plazo, en el marco del Pacto Verde Europeo que presentó la Comisión Europea en 2019.
Sobre su contenido e importancia, Martin Spolc, funcionario del equipo de la Plataforma Internacional sobre Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea (IPSF, por sus siglas en inglés), explica que aunque el reglamento todavía no crea una lista “tan exhaustiva” que clasifique las actividades económicas ambientalmente sostenibles, sí define el marco general “para que una actividad económica califique como ambientalmente sostenible, sujeto a evaluaciones técnicas adicionales”.
Y para eso, detalla, fijaron seis objetivos: mitigación del cambio climático; adaptación a este contexto; uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos; transición a una economía circular; prevención y control de la contaminación; y protección y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas.
La idea, dice Spolc, es que los Estados miembros de la UE, los agentes del mercado y los consumidores entiendan qué actividades económicas pueden considerarse dentro de ese marco, “sin ambigüedades”. Al mismo tiempo, se busca “proteger a los inversores y consumidores privados, evitando el ‘lavado verde’ -que las organizaciones digan que sus productos, objetivos o políticas son respetuosos con el medio ambiente y resistentes cuando en realidad no lo son-; facilitar la inversión transfronteriza y evitar la fragmentación del mercado, proporcionando un sistema único de clasificación, y proporcionar una base sólida para ayudar a reorientar los flujos de capital hacia la inversión sostenible”.
Casos de éxito
Ya hay casos de empresas que están compartiendo sus aprendizajes en esta línea, como el grupo español Acciona, que no sólo tiene participación en el mercado europeo sino inversiones en otros países. En un informe publicado en mayo, la compañía cuenta cómo funciona la aplicación de los criterios que propone la taxonomía de la UE, detallando el grado de alineación en varias de sus actividades económicas.
Por ejemplo, están totalmente alineados el Proyecto Goya, que consta de nueve parques eólicos en Zaragoza, y el tren ligero Sydney, que comenzó a operar en diciembre de 2019 en la ciudad más grande de Australia. Ambos cumplen con los criterios de contribución baja en carbono de cada sector, no causan “daños significativos” al logro de otros objetivos ambientales y cumplen con salvaguardas sociales mínimas (bajo pautas laborales y de derechos humanos de la OCDE y la OIT).
Alcance transfronterizo
Pensando en el impacto local, este último punto es clave para la directora del Observatorio de Sostenibilidad de Unegocios de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, Reinalina Chavarri, subrayando que lo relevante es que “todas las empresas europeas se alinearán a las directrices comunitarias y esto moverá la brújula en los mercados donde participan”.
Incluyendo a Chile. Chavarri señala que si bien el país está avanzando hacia una institucionalidad basada en leyes, reglamentos propios y planes de acción, “su talón de Aquiles está en una economía que aún no transita hacia criterios de sostenibilidad, evidenciado en procesos productivos anclados en combustibles fósiles y exportación de commodities”.
En ese sentido, el reglamento de la UE puede ser útil, al generar esa eventual “movida” de brújula en los flujos de capital.
Spolc tampoco duda de su efecto en las empresas que están fuera de la UE. De hecho, está convencido de que “la influencia internacional de la taxonomía existirá”, pese a que hasta ahora no exista intención de vincular a terceros países específicamente en estas reglas del juego. Lo que sí hay, añade, es una coordinación internacional formal, impulsada por la plataforma IPSF, para fomentar el diálogo y la coordinación sobre el desarrollo y armonización de taxonomías entre sus miembros, creada en octubre de 2019 por la UE y las autoridades de Argentina, Canadá, Chile, China, India, Kenia y Marruecos.
Recuperación pospandemia
En Europa está en marcha el plan de recuperación económica “Next Generation EU”, que recoge las principales líneas de actuación del Pacto Verde Europeo y que propone, entre otras cosas, que el 37% del fondo se gaste directamente en los objetivos de ese Pacto.
Para Spolc, esta estrategia -lanzada en plena pandemia- implica llevar el financiamiento verde “al siguiente nivel”. Sabiendo que el dinero público “no será suficiente” para alcanzar los objetivos climáticos y medioambientales, la taxonomía juega un papel crucial para “poner a todo el sector financiero en el camino correcto para financiar la transición”.
A juicio de Chavarri, la utilidad del reglamento respecto a orientar los paquetes de recuperación tras la pandemia, está en que ofrece “coherencia, comparabilidad y fiabilidad de la información”, sobre todo para aquellas actividades económicas que usualmente no pueden dar información completa y confiable.
Además, dice, al establecer un lenguaje común, generará más confianza entre los inversionistas, ayudándoles a “comparar distintas actividades a escala transfronteriza” y así, orientar las decisiones de inversión para levantar el nuevo mundo.
¿Quién y cómo deberá utilizar la taxonomía?
Martin Spolc, funcionario del equipo de la IPSF de la Comisión Europea, aclara que la taxonomía no es una lista obligatoria de actividades en las que invertir y que puede ser utilizada voluntariamente por cualquier institución financiera, como los bancos, que podrían potencialmente usarla como base para sus actividades crediticias.
Spolc explica que está dirigida a Estados miembros de la UE, “a efectos de cualquier medida que regule a los agentes del mercado en relación con productos financieros o bonos corporativos que se comercialicen o se consideren medioambientalmente sostenibles”; y también a participantes del mercado que ofrecen productos financieros, como inversiones ambientalmente sostenibles o inversiones con características similares, quienes “tendrían que divulgar información sobre cómo se están utilizando los criterios de actividades económicas ambientalmente sostenibles para determinar la sostenibilidad ambiental de la inversión”.
